Tras una década en vigor, aterrorizando a contribuyentes que hubieran tenido la imprudencia de invertir o, simplemente, tener propiedades en el extranjero, la Agencia Tributaria se ve obligada a modificar el Modelo 720 (Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos Situados en el Extranjero).

Ha habido que esperar diez años, hasta la resolución del recurso planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se determine que tanto el modelo como el sistema de sanciones eran contrarios al Derecho de la Unión, por imponer una carga excesiva al ciudadano.

Se abre un nuevo episodio en el que los afectados que hayan sido notificados, podrán alegar la ilegalidad de la norma para dejar las propuestas de liquidación sin efectos y, los que ya hayan sido obligados a pagar, podrán reclamar la devolución de los importes abonados.

En cualquier caso, esto no significa que el modelo en sí vaya a desaparecer, sino que el sistema de sanciones, considerado abusivo, deberá ajustarse al criterio de proporcionalidad garantizado en la legislación europea (si bien ya debiera haber sido incorporado por nuestros tribunales).

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